Francia: investigan por fraude a fabricante de implantes mamarios en quiebra
El fabricante francés de implantes mamarios Poly Implant Prothese (PIP), que exportaba el 90% de su producción y tenía clientes en Venezuela, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, entre otros países, está en la mira de la justicia por un inédito fraude en la composición de la silicona.
A las investigaciones abiertas por la fiscalía de Marsella, sur de Francia, se sumó una primera demanda presentada interpuesta por una mujer que en 2009 se hizo colocar implantes mamarios de esa procedencia "por poner en peligro la vida del prójimo".
Poly Implant Prothese, que hasta hace unos años era número tres mundial del sector cuando exportaba también a Estados Unidos, inició, al parecer, un declive sin retorno hace menos de dos semanas.
A fines de marzo la Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud francesa (AFSSAPS) suspendió el uso de los implantes mamarios de gel de silicona de ese fabricante y pidió su retirada del mercado.
La autoridad sanitaria basó su decisión en una "frecuencia de rotura del envoltorio de esos implantes más elevada que en otros implantes" que también contienen gel de silicona, y en reacciones inflamatorias locales.
Al parecer, PIP usaba una silicona diferente de la declarada.
En general, estos implantes tienen una vida de unos diez años.
Según Jean Claude Ghislain, director de evaluación de dispositivos médicos en la AFSSAPS, estas roturas pasan "a menudo desapercibidas" por falta de síntomas. De allí la necesidad de que las mujeres que se han sometido a implantes de esta naturaleza se hagan controles médicos periódicos.
De las 500.000 mujeres que se han sometido en Francia a implantes mamarios con silicona -composición que volvió al mercado en 2001- en 30.000 de ellas se utilizaron implantes fabricados por la sociedad Poly Implant Prothese que tiene clientes en Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Brasil, Costa Rica, México y Paraguay, según fuentes de la empresa consultadas por la AFP.
A la justicia no sólo acudió esa mujer de 50 años del departamento francés de Var, sudeste, que entabló una primera demanda en Francia porque "tiene miedo" de las consecuencias que pueda padecer, indicaron sus abogados.
Varios cirujanos plásticos franceses, algunos de los cuales ejercen en París, dijeron estar dispuestos a presentarse como querellantes contra el fabricante por "atentar contra la imagen de la profesión".
Tras la recomendación de la AFSSAPS de que las mujeres que llevan implantes mamarios de esa fábrica se sometan a una ecografía anual, las autoridades sanitarias de Argentina y Chile los retiraron de sus mercados.
La apertura de una instrucción por parte de la fiscalía de Marsella, coincidió con la decisión del tribunal de Comercio de Tolón, también en el sur de Francia, de declarar a la empresa en quiebra.
"Los cien trabajadores serán despedidos y la planta deberá cerrar", afirmaba a fines de marzo el administrador judicial de la empresa que entonces acusaba un déficit de nueve millones de euros (12 millones de dólares) y un déficit de explotación de 900.000 euros (1,2 millones de dólares).
Los 120 trabajadores de Poly Implant Prothese, reclaman de 10.000 a 15.000 euros de indemnización y amenazan con prenderle fuego a la planta que ocupan desde dos semanas.
A las investigaciones abiertas por la fiscalía de Marsella, sur de Francia, se sumó una primera demanda presentada interpuesta por una mujer que en 2009 se hizo colocar implantes mamarios de esa procedencia "por poner en peligro la vida del prójimo".
Poly Implant Prothese, que hasta hace unos años era número tres mundial del sector cuando exportaba también a Estados Unidos, inició, al parecer, un declive sin retorno hace menos de dos semanas.
A fines de marzo la Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud francesa (AFSSAPS) suspendió el uso de los implantes mamarios de gel de silicona de ese fabricante y pidió su retirada del mercado.
La autoridad sanitaria basó su decisión en una "frecuencia de rotura del envoltorio de esos implantes más elevada que en otros implantes" que también contienen gel de silicona, y en reacciones inflamatorias locales.
Al parecer, PIP usaba una silicona diferente de la declarada.
En general, estos implantes tienen una vida de unos diez años.
Según Jean Claude Ghislain, director de evaluación de dispositivos médicos en la AFSSAPS, estas roturas pasan "a menudo desapercibidas" por falta de síntomas. De allí la necesidad de que las mujeres que se han sometido a implantes de esta naturaleza se hagan controles médicos periódicos.
De las 500.000 mujeres que se han sometido en Francia a implantes mamarios con silicona -composición que volvió al mercado en 2001- en 30.000 de ellas se utilizaron implantes fabricados por la sociedad Poly Implant Prothese que tiene clientes en Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Brasil, Costa Rica, México y Paraguay, según fuentes de la empresa consultadas por la AFP.
A la justicia no sólo acudió esa mujer de 50 años del departamento francés de Var, sudeste, que entabló una primera demanda en Francia porque "tiene miedo" de las consecuencias que pueda padecer, indicaron sus abogados.
Varios cirujanos plásticos franceses, algunos de los cuales ejercen en París, dijeron estar dispuestos a presentarse como querellantes contra el fabricante por "atentar contra la imagen de la profesión".
Tras la recomendación de la AFSSAPS de que las mujeres que llevan implantes mamarios de esa fábrica se sometan a una ecografía anual, las autoridades sanitarias de Argentina y Chile los retiraron de sus mercados.
La apertura de una instrucción por parte de la fiscalía de Marsella, coincidió con la decisión del tribunal de Comercio de Tolón, también en el sur de Francia, de declarar a la empresa en quiebra.
"Los cien trabajadores serán despedidos y la planta deberá cerrar", afirmaba a fines de marzo el administrador judicial de la empresa que entonces acusaba un déficit de nueve millones de euros (12 millones de dólares) y un déficit de explotación de 900.000 euros (1,2 millones de dólares).
Los 120 trabajadores de Poly Implant Prothese, reclaman de 10.000 a 15.000 euros de indemnización y amenazan con prenderle fuego a la planta que ocupan desde dos semanas.
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